Teresa Ribera cifra en «más de 1.000 millones» las pérdidas de las eléctricas con la nueva ley del CO2

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo ha dado luz verde al llamado ‘dividendo de carbono’, por el que las empresas que generan electricidad sin emitir CO2 tendrán que devolver la parte del precio de la luz que corresponde a las energías contaminantes. Según la ministra, el objetivo es que «los más de 1.000 millones de euros que ahora van a las eléctricas vayan a los consumidores». Ribera ha señalado que «en poco más de un año el mercado de CO2 ha crecido en un 150% sin que el 90% de nuestra producción eléctrica genere CO2».

Ribera ha insistido en que las eléctricas tienen una «rentabilidad elevadísima» en las centrales. «Además, se trata de empresas que reiteran en público y en privado sus compromisos de buena voluntad sobre la sostenibilidad», ha dicho. «Una minoración de parte de los beneficios de las empresas debería suponer una incentivación de su negocio», ha señalado.

La también vicepresidenta cuarta del Gobierno ha señalado que los beneficios que tiene para las arcas públicas ese mercado de dióxido de carbono, unos 2.000 millones de euros, se utiliza para invertir en medidas para el cambio climático y para paliar el déficit del sistema eléctrico.

Ribera no ha hecho referencia al hecho de que para bajar la luz, el Gobierno decidió en 2018 eliminar el impuesto a la generación eléctrica, un 7%, pero a los seis meses lo volvió a poner en marcha porque las arcas públicas dejaron de ingresar 762 millones de euros.

Además, la ministra ha señalado que con esta medida, junto con la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), permitirá reducir en un 15% la factura de la luz. Este Fondo obligará también a las petroleras y gasistas a contribuir para asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos.

El golpe a las eléctricas es total y le ha costado en Bolsa más de 3.000 millones de euros entre la sesión de este lunes y la de este martes. La medida además augura una batalla legal puesto que las energéticas no han dudado en acudir al Tribunal Supremo cada vez que los diferentes gobiernos han tomado medidas que consideraban ilegales.